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IU solicita se derogue la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

Se trata de una moción de apoyo a la proposición de ley para la aplicación de medidas urgentes en materia de régimen local presentada en el Congreso de los Diputados

REDACCIÓN HOY

Miércoles, 2 de noviembre 2016, 18:39

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La formación política de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Guareña presenta mañana una moción en el Pleno ordinario para que se derogue la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Cree que las administraciones locales han sido una de las grandes perjudicadas por las políticas de austeridad llevadas a cabo en los últimos años por el gobierno central del partido popular. La modificación del artículo 135 de la Constitución Española en el año 2011 elevó al máximo exponente normativo el concepto de estabilidad presupuestaria, que fue posteriormente desarrollado a través de la Ley Orgániza 2/2012, de 27 de abril, Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y cuya puntilla puso la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, conocida como ley Montoro, según reza el inicio de la moción de IU.

Desde entonces, dice Izquierda Unida que las reformas impulsadas desde el gobierno central "han supuesto un retroceso considerable en la autonomía de los gobiernos locales". Cree que las administraciones locales se encuentran ante una situación de emergencia histórica en el municipalismo, y por ello considera que es urgente e imprescindible acabar con la asfixia competencial y financiera actual que la ley 27/2013 somete a los municipios. Una ley que además contó, desde su tramitación, con el absoluto rechazo de casi todas las fuerzas parlamentarias representadas en las Cortes Generales. Añade la formación política de IU que muestra de ello, es el nulo consenso que se generó durante su elaboración y aprobación, así como el recurso de inconstitucionalidad interpuesto ante el Tribunal Constitucional por parte de casi todo el arco parlamentario que se unió a los presentados y admitidos por distintos parlamentos y gobiernos autonómicos.

En el caso de los municipios, cifra que han sido más de 3.000 ayuntamientos de todo el estado español, que representan a más de 16 millones de ciudadanos, los que expresaron su rechazo a esta normativa en defensa de la autonomía local.

Expone IU que el objetivo de la ley 27/2013 era ajustar el funcionamiento de las administraciones locales a la coyuntura económica bajo el pretexto del despilfarro, el solapamiento de competencias y el incumplimiento financiero. Sin embargo, sostiene que los efectos que en realidad se han producido han sido una merma importante en los servicios públicos prestados por los entes locales, un incremento de las privatizaciones con su consecuente aumento de costes para la administración y una reducción en las competencias municipales. En este sentido, afirma que la ley introdujo cambios sustanciales, amputando garantías democráticas, de representación y participación ciudadana, recortando servicios sociales que se prestaban en los municipios de manera satisfactoria, y, en consecuencia, atentando contra el ámbito competencial de las comunidades autónomas y contra la autonomía local, como incluso ha declarado el propio Tribunal Constitucional, recuerda.

El pasado 4 de octubre de 2016 se registró en el Congreso de los Diputados la Proposición de ley para la aplicación de medidas urgentes en materia de régimen local por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que contó con el apoyo de los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Cádiz, A Coruña o Valencia, entre otros. Con esta proposición se pretende volver temporalmente al consenso anterior a 2013, e implementar medidas urgentes que permitan a los ayuntamientos, prestar los servicios esenciales necesarios para el funcionamiento de nuestras ciudades. IU quiere que haya un espacio para la defensa y la lucha de derechos sociales como el derecho a la sanidad, a la educación o a la vivienda y que es necesario sentar las bases del nuevo municipalismo del siglo XXI, que tenga como bases la elaboración de una nueva ley de Bases de Régimen Local, para clarificar y aumentar las competencias de los entes locales; garantizar un nuevo sistema de financiación local que asegure derechos y la prestación de servicios esenciales; y garantizar la transparencia y la participación directa y vinculante de la ciudadanía.

Por lo que Izquierda Unida propone al Pleno del Ayuntamiento de Guareña: apoyar la derogación y modificación de la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local en el Congreso de los Diputados; instar al gobierno central y a todos los grupos parlamentarios de la cámara a que faciliten y apoyen un proceso participativo en el que estén representados los entes locales, las asociaciones de municipios, la sociedad civil y la ciudadanía en su conjunto, donde se elaboren las bases para la construcción del nuevo municipalismo del siglo XXI; y dar traslado de este acuerdo al gobierno central y a todos los grupo parlamentarios del Congreso de los Diputados.

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