Después de la tempestad, viene la calma

El pasado 11 de agosto se publicaba en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Guareña, a través de su web, el pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato de obras para la "adecuación de las instalaciones en la piscina municipal". Los empresarios de la construcción de Guareña interesados en el tema leen el pliego de condiciones, pero cuando llegan a la cláusula 8 fruñen las cejas por lo que recoge la misma.

En el apartado "requisitos mínimos de solvencia, económica y financiera", conforme al reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP) , dice: "al volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos de 530.887,695 euros". Reconocen los constructores que a esta cantidad no llegan la mayoría de empresas de la localidad, con lo que hablan con el concejal responsable de obras en el Ayuntamiento, Juan Carlos Fernández, pero no les convence. Determinan por pedir y recoger firmas para que el Ayuntamiento "rectifique y estudie dentro de la legalidad vigente, se establezca un pliego de condiciones que origine más posibilidades a empresas del pueblo". Registran los documentos y demandan se fraccione la referida cantidad exigible por ley.

Ayuntamiento y empresarios

Es entonces cuando el alcalde, Abel González, invita a las empresas constructoras el pasado jueves 31 de agosto a una reunión aclaratoria e informativa en el salón de sesiones del consistorio municipal. Allí acuden no solo empresarios de la construcción, sino también de la madera, pintura, siderometalúrgica, etc., gentes del ramo vinculantes al proyecto.

Abel González en un intento de cercanía con los empresarios les invita a ocupar los escaños, pero deciden estar en la bancada pública. En primer lugar, el alcalde expresó su agrado de que los empresarios se mostrasen unidos en su reclamación. González Ramiro estuvo arropado por concejales de su gobierno, el responsable de obras, Juan Carlos Fernández, y el responsable de la piscina pública municipal, Juan José López, principalmente; también abogado y técnicos del Ayuntamiento.

Uno de los constructores, entendiendo se le brindaba el uso de la palabra, rompió el hielo diciendo que se les excluía con la cláusula octava y pedía al mismo tiempo se bajara la cantidad que constaba en el pliego para que "entremos la mayoría de los constructores". Es cuando el alcalde y técnicos aclaran que el pliego del proyecto de la reforma de la piscina se somete rigurosamente a la Ley de Contratos del Sector Público, a fin de garantizar que la misma se ajusta al acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, "y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer". González dijo que el fraccionamiento de contrato es ilegal.

El abogado César Lozano también explicó la prohibición de los fraccionamientos e informó a los empresarios de una posible solución para que la mayoría de los constructores pudieran acceder al proyecto, crear una Unión Temporal de Empresa (UTE) y se unieran de esa forma las solvencias, "hay formas de licitar salvando otras", dijo.

Se informó por parte de los técnicos del Ayuntamiento que las obras serán complejas, las del vaso de la piscina y la depuradora, principalmente. Los empresarios comprenden las explicaciones que se les da, pero apuntan que en lo sucesivo "se hagan proyectos acorde a las empresas de Guareña". La administración señala que miran por las empresas y trabajadores de la localidad, "pero cuando se puede, se puede, y cuando no se puede, no se puede". "Podéis presentaros a esta obra, pero con la solvencia exigida", dijo el alcalde.

Se explicó también que la aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares va precedido de los informes del Secretario y del Interventor, personas que aseguran que el contrato se realiza bajo la Ley de Contratos del Sector Público. Desde el Ayuntamiento se dijo que no podían celebrarse "otros contratos que los necesarios para el cumplimiento y realización de los fines institucionales de la entidad, bajo las leyes establecidas". Se incidió mucho no solo en cumplir la solvencia económica y financiera tal y como refleja el pliego de condiciones, sino también en la solvencia técnica o profesional en cuanto a la experiencia de trabajos o suministros al que corresponde el objeto del contrato.

El Ayuntamiento informa que el precio de licitación es de 353.925,13 euros; el de solvencia económica financiera, 530.887,70 euros; y el de solvencia técnica, 247.747,59 euros. La Diputación de Badajoz ayuda al proyecto de reforma de la piscina con una subvención de 151.011,00 euros, y de los fondos municipales se destinarán 277.238,41 euros, con lo que hace un total en la inversión de 428.249,41 euros.

Abel González recalcó que una decisión administrativa contraria "estará abocada a incurrir en fraude de ley", al eludir la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Todos los presentes salieron informados y de la indignación que presentaban los empresarios se pasó al convencimiento y la serenidad de estos, fruto de la información que la administración les brindó. O lo que es lo mismo, después de la tempestad, vino la calma.