'Marea Amarilla' docentes de religión, haciéndose presente en el acto del 50 aniversario de la Casa del Pueblo de Guareña ante el presidente de la Junta.
'Marea Amarilla' docentes de religión, haciéndose presente en el acto del 50 aniversario de la Casa del Pueblo de Guareña ante el presidente de la Junta. / Pedro Fernández.

'Marea Amarilla' se queja de cómo a los docentes de Religión se le somete a una situación de arrinconamiento y a una acusada precariedad laboral y despidos

  • QUEJAS

  • Piden diálogo y consenso y apuestan porque el docente de Religión sea tratado como uno más del resto de los profesores.

El pasado viernes 8 de junio, con motivo del 85 aniversario de la fundación de la Casa del Pueblo en Guareña, la Asociación deDocentes de Religión de Centros Públicos de Extremadura (ADREX) quiso hacerse presente para acompañar al presidente autonómico Guillermo Fernández Vara.

Durante el último mes y medio este colectivo se hace presente en la agenda pública de Vara para reivindicar sus derechos como trabajadores de la función pública. A este movimiento, que comenzó en el año 2016, lo han denominado 'Marea Amarilla'. Piden públicamente que se les escuche y que exista un diálogo entre empleador y trabajador, "es un colectivo que trabaja por horas, con contratos muy precarios". Esta situación se verá gravemente afectada con la aprobación del Borrador Decreto para Enseñanza Secundaria que ha elaborado la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura. Según esta Asociación en los últimos tiempos a la Asignatura de Religión y a sus docentes se les está sometiendo a una situación de arrinconamiento y a una acusada precariedad laboral y despidos, respectivamente.

Se hicieron ver los docentes de religión durante el acto político en Guareña.

Se hicieron ver los docentes de religión durante el acto político en Guareña. / Pedro Fernández.

En el seno de esta agrupación profesional dicen estar convencidos de que el diálogo y el consenso es necesario, máxime en circunstancias en que el gobierno de Fernández Vara "está relegando datos tan importantes de matriculación en una asignatura como la que impartimos (el 85%)", lo que entienden como "una contradicción flagrante que quieran llevar al mínimo una asignatura elegida por padres y alumnos en virtud de derechos constitucionales", dicen. Explican que el trato a esta asignatura "puede, incluso, vulnerar el derecho de elección de los padres. El hecho de que, además, en Bachillerato sea obligado cursar Ética y Ciudadanía junto con Religión y viceversa sólo se entiende si hay un interés explícito por maltratar la elección de la asignatura por parte de padres y alumnos".

Apuestan porque el docente de Religión sea tratado como uno más del resto de los profesores. Se están haciendo propuestas tanto a nivel sindical como político, incluso a nivel nacional, de regular definitivamente el sistema de acceso que a todas luces "creemos injusto, toda vez que a día de hoy, es el único posible".

Quieren que la sociedad extremeña sea consciente de la razonabilidad de sus peticiones: "demandamos que se trate a los docentes de religión como a los demás profesores; que los agrupamientos de la asignatura de Religión se realicen como en las demás materias. No puede ser que sólo a la disciplina de Religión se le agrupen los alumnos al máximo permitido por ley" (33 alumnos por aula en ESO y 37 alumnos por aula en Bachillerato); con lo que solicitan a la Administración querer recibir el mismo trato que reciben el resto de materias. Pese a ser esas las ratios máximas, dicen que a ninguna asignatura se le lleva a esos agrupamientos, excepto a la que ellos imparten. Lo que posibilita a la administración ahorrar en sueldos a los docentes de religión "que salen de las mismas partidas presupuestarias que el papel higiénico (Gastos de Funcionamiento)", aseguran.

Esta Asociación 'Marea Amarilla' aboga, en última instancia, por mantener el Decreto 98/2016, de 5 de julio, junto a la Instrucción 19/2017 del Secretario General de Educación. Las razones que expresan mediante comunicado de prensa, textualmente son:

A) El proceso judicial aún no está acabado: el gobierno de Fernández Vara gobierna por Decretos a sabiendas que el proceso judicial no ha terminado. El Tribunal Supremo aún no ha dictado sentencia sobre el recurso interpuesto por la Junta de Extremadura precisamente referente a lo ganado por esta Asociación en el TSJEx. En la práctica supone que se gobierna con la política de “hechos consumados”, con arrogancia y con una absoluta falta de respeto por los tiempos del poder judicial, además del agravio directo a esta Asociación de Docentes.

B) Además, la Instrucción 19/2017, en vigor a día de hoy, del Secretario General de Educación no incurre en ilegalidad alguna ni en contradicción en ninguno de sus términos con las sentencias del Tribunal Supremo existentes a día de hoy. La pretendida modificación implicaría un nuevo cambio normativo en Extremadura en la educación extremeña. Concretamente sería la cuarta consecutiva desde 2015. Un cambio innecesario desde el punto de vista jurídico, que es la principal argumentación del preámbulo del Proyecto de Decreto. La seguridad jurídica que transmite la Junta de Extremadura en materia educativa es nula.

C) Y, por último –y no por ello menos llamativo-, es realmente extraordinario el Informe de Impacto sobre el Empleo (Expediente EE055/2018) visado por D. Juan Pedro León Ruiz, Director Gerente del SEXPE, calificando como “irrelevante” las consecuencias que va a tener en el empleo. Cuando hay Docentes de Religión con contratos de 5 y de 8 horas semanales y que directamente el curso que viene no serán contratados; y otros verán reducida su jornada entre un 25% y un 40%, nos parece que el Informe es – cuando menos- inexacto y capcioso, máxime cuando el Gobierno Autonómico se precia de pretender estabilidad y dignidad en el empleo de todos los extremeños.

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