

El proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), más conocida como 'ley Celáa', tiene como objetivos, evitar la «segregación del alumnado por razones socioeconómicas o de cualquier otra naturaleza», según ha explicado la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá Diéguez; además de extender la Educación Infantil de 0 a 3 años, eliminar los itinerarios impuestos en Secundaria por la actual ley del PP, la LOMCE, devolver poder de decisión a los Consejos Escolares, fomentar la Formación Profesional, introducir el desarrollo sostenible en las aulas y transformar el actual currículo.
Pero lo que llama la atención a profesionales de la educación es que la 'Ley Celaá' elimina el castellano como lengua vehicular y dejará de ser oficial en la Educación. Esto no ha gustado al colegio Nuestra Señora de los Dolores, centro concertado de educación en Guareña. La directora del mismo, Amparo López, manifestaba a este medio que quieren un sistema educativo que «respete la libertad en pluralidad». Que los padres puedan «elegir en libertad la educación que desean para sus hijos», y que esta nueva ley «abandona a los profesionales de la concertada y a la educación especial».
De igual forma la directora del centro señala que la nueva ley que está a punto de aprobarse en el Congreso de los Diputados, «amenaza» a miles de puestos de trabajo y a la existencia de centros de educación especial, dice López, quien está de acuerdo con la escuela pública, pero con la concertada también. «Los padres no podrán escoger el colegio de sus hijos; con lo que lamenta que »más de 5300 centros tienen que cerrar«. Dice que se perderá la atención especializada y muchos niños sólo podrán ir a la escuela pública.
Entonces, la clave pasa porque la 'ley Celaá' «respete» el artículo número 3 de la Constitución, el cual afirma que: «El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección«.
El Gobierno, por su parte, ha insistido en que no quieren eliminar el castellano de las aulas, pero la oposición considera que esta nueva ley educativa no respeta el «deber de conocer» ni el «derecho a usar» el castellano.
Desde el colegio de Guareña se dice que esta ley «no corrige ninguno de los problemas reales que tiene el sistema educativo, que se va a imponer de forma autoritaria, sin consenso, ni hablar con los profesores, centros de enseñanzas, ni con los padres… Reducirá la calidad de la enseñanza desde infantil a Bachillerato, dará igual aprobar que suspender, lo que desprecia el esfuerzo y trabajo de profesores que se dejan la piel en las aulas…», lo que lamentan desde el centro concertado Nuestra Señora de los Dolores, a través de la información facilitada por su directora Amparo López.
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