La Plataforma de Jubilados y Pensionistas de Guareña informan que todo el dinero recaudado en la cuenta de la Seguridad Social, pertenece a los trabajadores en activo, y los que durante su vida laboral han aportado dinero a las arcas de la Seguridad Social, por lo que ningún gobierno, dicen, tiene derecho a destinarlo a otros fines, «que no sea exclusivamente el pago de las pensiones contributivas» (la incapacidad permanente, la viudedad, la orfandad, el favor a la familia) y los costes mínimos necesarios para la gestión del Sistema Público de Pensiones, de tal forma que el gobierno solo tiene la condición de «administrador de estos bienes, que no le pertenecen, y en consecuencia, queda sujeto a la ley, en materia de Administración», expresan en octavillas repartidas a los ciudadanos.
Colocan una mesa informativa en la calle Grande, de Guareña, y se oponen a la privatización de «todos los servicios públicos estatales, autonómicos y locales», y especialmente los que atienden a mayores, a dependientes y a personas con discapacidad. «Los derechos sociales no son un negocio», concluyen en su información callejera.
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