IU presenta de nuevo la moción de declarar al municipio opuesto a la aplicación del TTIP

Izquierda Unida nuevamente presentará la moción de Declaración de Municipio opuesto a la aplicación del Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversión (TTIP), tras retirarla y dejarla sobre la mesa en la sesión ordinaria de pleno del pasado 11 de noviembre, a petición del grupo municipal socialista para llegar ambas formaciones políticas a un consenso y aprobarla en próxima sesión.

Tras el estudio del texto presentado por el Grupo Municipal Socialista Izquierda Unida ve diferencias importantes y contradictorias en el fondo del asunto para ser refundido en una sola moción, motivo por el cual la formación política vuelve a presentar la moción para su debate y votación en el próximo pleno ordinario que se convoque.

Propuesta

IU propone en la moción referida de Declaración de Municipio opuesto a la aplicación del Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversión (TTIP), lo siguiente:

Primero. Declarar a este Municipio de Guareña como municipio insumiso y opuesto al TTIP, defendiendo los servicios públicos básicos para la solidaridad y redistribución social.

Segundo. Solicitar del Ministerio de Administraciones Públicas del Gobierno de la Nación su apoyo a todas las iniciativas dirigidas a mantener el carácter público de los llamados servicios socialmente útiles.

Tercero. Solicitar del Ministerio de Economía la suspensión de las negociaciones del TTIP y otros acuerdos comerciales similares, con la finalidad de conseguir: Qué mecanismos como el ISDS no sean incluidos en éste ni ningún otro tratado; defender la actual política reguladora de la UE y de sus Estados de manera que no se pierdan competencias en materias de legislación social, protección al consumidor y medio ambiente; que el tratado no se limite a objetivos meramente económicos y se le dé la misma importancia y sean de tratados de igual forma en el acuerdo los objetivos sociales y los ambientales; que se termine la actual falta de transparencia de las negociaciones, se haga pública toda la información y se abra un debate público en la UE y sus respectivos parlamentos nacionales; y que los servicios públicos y la propiedad intelectual sean excluidos del acuerdo.