

El conflicto latente por las condiciones de trabajo estalla en el campo extremeño. La interminable negociación de un nuevo convenio sin acuerdo (más de tres años de conservaciones con numerosas interrupciones) propicia una convocatoria de paros los próximos 16, 17 y 18 por parte de los sindicatos. De jueves a sábado de la próxima semana están llamados a la huelga los trabajadores agrícolas en plena campaña de la fruta, que mueve cada año a unas 65.000 personas. El paro afecta tanto a esos jornaleros como a los alrededor de 13.000 empresarios agrarios contabilizados en la región.
La reunión de ayer entre las organizaciones agrarias y Afruex (Asociación de Fruticultores de Extremadura) y CC OO y UGT no ha desatascado un conflicto enquistado y que, a pesar de algunos mensajes, cada vez era más evidente que iba a desembocar en convocatoria de huelga. De momento, por tres días, aunque si se mantiene el bloqueo los representantes de los trabajadores la extenderán a más jornadas. La patronal agraria habla de «irresponsabilidad».
Hace siete días, en el último momento, se aceptó posponer la convocatoria de paro por parte de los sindicatos. Las organizaciones agrarias y Afruex les pidieron un nuevo documento a negociar. CC OO y UGT lo entregaron el martes y la contrapropuesta patronal, lejos de acercar postura, ha roto el diálogo.
La demanda por parte de la patronal agraria de un incremento de la jornada anual laboral -finalmente las organizaciones agrarias estaban dispuestas a que no fuera así- pero, sobre todo, la negativa a que pluses como los de antigüedad, transporte o nocturnidad se paguen fuera del salario base han imposibilitado, acusan los sindicatos, un mínimo pacto.
Las organizaciones agrarias defienden que la subida del salario mínimo 'absorbe' esos pluses dentro del salario normal y no hay que reflejarlos en el convenio. La cuestionada aplicación del salario mínimo tras dos subidas en los tres últimos años ha sido, de inicio, un caballo de batalla entre las dos partes. Ahora la disputa se ha extendido a los pluses fundamentalmente.
«Esta patronal agraria es del siglo XIX. Su rechazo a que se mantengan pluses, algunos de ellos consolidados por sentencia judicial, »incluso el permiso para comer el bocadillo dentro de la jornada laboral, supone reírse de los trabajadores del campo extremeño y devolverlos al siglo XIX«, esbozó a HOY Saturnino Lagar, secretario general de la Federación de Industria y Agro de CC OO.
Lagar especificó que «no se va a consentir que se quiten derechos a los trabajadores como el no pagar antigüedad, ni el kilometraje, los pluses o no pagar las horas extras de los domingos».
Ricardo Salaya, secretario regional de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT, abundó en esa misma línea argumentativa. «No podemos firmar una tabla salarial por debajo del salario mínimo legalmente establecido», sentenció.
Mientras, el gerente de la Asociación de Fruticultores de Extremadura (Afruex), Miguel Ángel Gómez-Cardoso, acusó a los sindicatos de «no querer negociar. De todo se puede hablar». No solo eso. Gómez-Cardoso considera que los sindicatos querían hacer la huelga «desde el minuto uno».
El presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri, devolvió la acusación de inmovilistas a los sindicatos. En tono más conciliador, el secretario de Agricultura de UPA-UCE, José Cruz, señaló que nos encontramos en una situación «muy complicada» y sigue lanzando un mensaje de diálogo para evitar un paro, sentencia, que ocasionaría graves perjuicios al campo extremeño.
Desde el jueves y hasta el sábado, en plena campaña de recogida de la fruta, se pueden quedar miles de kilos por cosechar en Extremadura al igual que se puede parar el trabajo en las centrales hortofrutícolas, donde hay abundante mano de obra.
La fruta genera el 80% del empleo en el campo extremeño. Mueve más de cinco millones de jornales cada año. Y, en condiciones normales, factura al año 350 millones.
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