Trabajadores de ambulancias «hartos» ser usados «arma arrojadiza» por partidos políticos

Pedro Serrano ha reclamado a los grupos parlamentarios de la Asamblea que no utilicen a los trabajadores como «arma arrojadiza» y que alcancen un «pacto regional político» en cuatro plataformas y saquen un concurso «donde los beneficios industriales (25%) reviertan en los usuarios», y que el citado pacto siente las bases del sistema del transporte sanitario en la región.

Serrano compareció hace una semana en la Comisión de Salud y Servicios Sociales del Parlamento extremeño, a petición de Unidas por Extremadura, para informar sobre la situación de la empresa concesionaria del transporte sanitario en la región, como ya lo hizo en marzo su homólogo en la provincia de Cáceres, Rafael Garzo.

Pedro Serrano inició su intervención confesando que las expectativas de solución a los problemas que arrastra la empresa son «muy escasas», y recriminó a las distintas fuerzas políticas presentes que les hayan estado utilizando como «arma arrojadiza».

«Comprendan nuestro hartazgo, llevamos cinco años hablando con ustedes y no vemos la luz», «por favor, dejen de utilizarnos para el y tú más», les ha pedido para acto seguido exponer las dificultades que atraviesa la plantilla de Ambuvital, con 1.300 trabajadores, 700 de ellos en la provincia de Badajoz.

Frente a ello, les ha reclamado un acuerdo político «en el que sienten las bases del sistema del transporte que merecen los extremeños» y que se haga partícipe a los sindicatos del sector de ese acuerdo. Entre otras demandas, ha propuesto que el servicio no sea externalizado, sino asumido por la Administración como «servicio esencial que es», provocando de este modo «que los beneficios que se llevan las empresas» lleguen a los usuarios.

Serrano Gutiérrez ha pedido también a la Junta que haga públicas las penalizaciones que impone a las empresas concesionarias «para saber si cumplen» y si la administración vela por que así sea, y que se «abra el melón» sobre la ubicación de los servicios para no tener «ambulancias políticas» y sí asistenciales.

En otros detalles, Pedro Serrano ha afirmado que para mantener el servicio en las condiciones actuales aplicando una jornada de 1.800 horas anuales -límite fijado por el Supremo- se necesitarían 1.600 empleados, lo que elevaría los costes salariales a más de 50 millones de euros anuales, muy por encima de los 27 millones del pliego de concesión.

También ha denunciado situaciones concretas como la exigencia de la empresa de incrementar las horas extra hasta que entre en vigor el nuevo contrato rebajando el importe de las mismas al valor de la hora ordinaria, así como su propuesta de abonar 90 euros por 24 horas de trabajo extra.

El representante de los trabajadores en la provincia ha recordado también que la justicia ha condenado a Ambuvital por vulnerar los derechos fundamentales, enfrentándose a sentencias «millonarias» por las horas de exceso de los trabajadores. Y según ha lamentado, a pesar de las jornadas «maratonianas» que realizan los empleados y del «único aliciente» de las horas extra para llegar a un salario digno, «hay gente pasándolo muy mal».

Opiniones de los partidos

Todos los grupos se han mostrado partidarios a favorecer un acuerdo en este sentido, entre ellos el Socialista, para quien la solución pasa por aumentar la dotación económica del contrato y firmar un nuevo convenio colectivo, según ha explicado su diputado Ricardo Utrera.

Ha acusado al Ejecutivo del PP de «escurrir el bulto» en este asunto y limitarse a echar la culpa al anterior gobierno, a lo que el parlamentario popular José María Saponi ha respondido que no es de justicia «que el PSOE pida ahora al gobierno solucionar el problema que generó». Al margen de ello, ha abogado porque «nos sentemos todos» a analizar «si todo lo que se hace está bien hecho» y dar un «giro radical» a una situación en la que la Administración es «rehén» de la empresa.

Por Unidas por Extremadura, su diputado José Antonio González Frutos ha abogado por una solución compartida a esta situación porque se trata de un «problema de región» y ha aclarado que, aunque su grupo apuesta por la gestión pública del servicio, si el resto de grupos prefieren la indirecta estarían dispuestos a hacer «renuncias» en aras del acuerdo.

El diputado de Vox, Óscar Fernández Calle, tras acusar al PSOE de haber utilizado este servicio «para contentar a algunos de sus amigos», ha resaltado el compromiso del Ejecutivo regional para mejorar la situación de los trabajadores y ha brindado el apoyo de su partido para asegurar la prestación de un servicio de calidad.

Así que, el presidente del comité de empresa pacense propone que la Junta de Extremadura asuma la gestión del transporte sanitario y que haya una renovación del convenio que no se firma desde 2017. «El convenio no está regulado por categorías profesionales, y no lo recoge, y la Junta se aprovecha de ello», dice Serrano, quien espera no se tarde mucho en renovar el convenio, «se firme en mayo y demos a los extremeños la calidad que merecen», según ha informado a este medio.